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Según ha podido saber La SER, Caixa Galicia alentaba a sus trabajadores para que vendieran preferentes a través de mensajes amenazadores. Señalaban que era un producto de vital importancia para la entidad que le llevaría a sanear sus cuentas. Llegaban a decirles a sus trabajadores que si realmente querían forma parte de la empresa debían venderlas y que si tenían dudas sobre las preferentes sería tener dudas sobre la empresa. También hacían un esquema con respuestas fijadas de ante mano para resolver posibles dudas de los clientes.
El talón de Aquiles de las cajas de ahorro: Como ajustar cuentas
Por Josep Manuel Novoa Novoa (Barcelona, 1949).
Para lo que aquí interesa: periodista, escritor y editor. Antes de dedicarme de lleno a esta faceta de mi vida estuve ligado profesionalmente al grupo de empresas de Banca Catalana como Gráficas Industriales, S.A. Fui gerente de Premsa i Publicitat, S.A. la comercial en su día de Premsa Catalana, S.A. editora del diario Avui, y de Fomento dela Prensa S.A., editora de El Correo Catalán, siendo posteriormente gerente y administrador único de ésta última hasta su desaparición en 1985. Ocupé la gerencia en El Día, en Palma de Mallorca, y cargos directivos de otros diarios.
Lo que descubrí, ayudado por un buen equipo, fue sorprendente: los bancos, fraudulentamente, se lo llevaban todo. No era de extrañar que no quedara ni un céntimo para los demás acreedores. Todo se hacía en una sobredosis de legalidad, mientras pequeñas empresas se arruinaban los bancos pasaban de puntillas sobre este infortunio, rapiñando con todo, como si nada hubiera acontecido. Fue, para mi estupefacción, el primer indicio de lo dañino que puede llegar a ser para la sociedad los bancos y su mala práctica. Este acontecimiento y el hilo que fui estirando cambio mi forma de pensar y también la orientación de mi vida. Estoy hablando de 1997.
Desde entonces me propuse investigar la práctica bancaria y su intríngulis. Partía de un punto interesante: tenía la constatación de que los bancos mentían. Voy aclarar este concepto y simplificarlo, el quebrado y sus abogados pactaban, bajo mano, con los bancos para que no tuvieran quebranto, por ejemplo, se formalizaban falsas hipotecas que luego funcionan al margen del procedimiento de quiebra y así daban esquinazo a los demás acreedores que se quedaban sin nada que repartir. Pues bien, estos angelitos abusando de su fachada de alcurnia financiera pasaban por los juzgados arrasando con un ejército de abogados de elevada prosapia y oratoria. Los medios de comunicación, por muy elevada que pueda ser la cuantía de una quiebra, se entretienen en dimes y diretes pero para nada llegan al fondo de la cuestión, donde toda una tropa de acreedores se quedan colgados, y siempre, en cuantías extraordinarias, la Seguridad Social y Hacienda. ¿Y los bancos qué? Pues, los bancos figuran en la lista de perjudicados, pero tan sólo sobre el papel. Fue entonces, desde la asociación APROC que editamos Concursal, una revista mensual con formato de diario, donde poníamos patas arriba la información obtenida desde dentro de los procedimientos judiciales actuando como síndicos elegidos por los acreedores.
Cuando los bancos y las cajas de ahorro cabalgan por los juzgados esgrimiendo el peso de la Ley no hay quien los pare. La Ley les otorga todo excepto el derecho de pernada. Con esto está dicho todo. Pero cuando la ley, ya en minúscula, les afecta a tan distinguidas entidades ya no es lo mismo o está obsoleta, o no se ajusta a las necesidades del momento, o simplemente se la ignora. La contraparte, es decir la ciudadanía, traga con todo por desconocimiento y falta de una representación colectiva eficaz. Día a día se empequeñece a los demandados por aplastamiento de tan poderosa maquinaria capitaneada por el estamento judicial.
¿Alguien ha pensado que el Gobierno, el Banco de España y las cajas de ahorro también están sujetos al peso de la Ley? No hay piedad con los afectados por la hipoteca, tampoco la hay con los martirizados por las cláusulas suelo. Nada se ha hecho, desde el Gobierno, que pueda paliar las ejecuciones hipotecarias en una situación de falta de trabajo e ingresos. El escenario tiene más perjudicados por la restricción del crédito a, particulares, autónomos, y pequeñas empresas. Los productos como los seguros de créditos, las participaciones preferentes y otros más han resultado un engaño y un sinfín de martingalas dejan a los clientes en la cuneta. Todo un amplio abanico de gente afectada. La restricción de crédito se ha llevado por delante a miles de empresas y puestos de trabajo y todavía se va a llevar muchos más.
La rebaja de los salarios de los funcionarios, trabajar más y cobrar menos y la parálisis de las pensiones, los recortes presupuestarios en educación y sanidad. Una receta del Gobierno de turno para que los bancos internacionales, y también los nacionales, tengan garantía de cobro. Con este enfoque que afecta a todos los ciudadanos nos podemos hacer la pregunta: ¿Qué clase de democracia es esta que los “bancos” marcan la pauta a seguir?
Más todavía, que razón hay para que el Gobierno entregue una millonada de euros a los bancos y que no se solucione los problemas de la gente que se ve abocada al paro, y lo peor, sin horizonte que se aprecie una solución. ¿Cómo sabemos que es cierto lo que dicen los bancos sobre las necesidades de fondos públicos? Se entrega el dinero –miles de millones- sin auditoría alguna y prácticamente en secreto.
Los bancos tienen bancos paralelos donde esconden partidas que no refleja el balance contable. Todavía existen los paraísos fiscales y las autopistas de circulación del dinero controlada por los bancos. No hace falta extenderse más, estamos en la más dañina indefensión. Visto lo que antecede el adversario es demasiado poderoso para importunarle con alborotos.
El Gobierno ha decidido, por decirlo de la forma más simplificada posible, convertir las cajas de ahorros en bancos. Las cajas de ahorros como entidades financieras han estirado más el brazo que la manga por su ímpetu de crecer, sus préstamos han quedado convertidos en tochos y necesitan ampliar su capital social, sus recursos propios, para recomponer su balance contable. Esto no era posible dada la peculiaridad de estas instituciones. No podían solicitar aportaciones a terceros para engrosar el capital como lo podían hacer los bancos u otras sociedades mercantiles. La transformación de caja a banco, por su urgencia, ha sido por la tremenda. Es ahí, el talón de Aquiles de estas instituciones. Un punto débil por donde pueden ser atacadas.
Creo, que si un movimiento o plataforma organizada reclama que el método utilizado por el Banco de España para la conversión de las cajas de ahorros en bancos tiene una posibilidad de incordiarles. La actuación no se ajusta a la ley tan reverenciada, por estos próceres, en su estricta aplicación. En el corre corre que hay prisa en convertir las cajas de ahorro se han burlando los derechos de los impositores en estas instituciones. Ahora lo vemos con la suficiente argumentación pero antes una previa. Esta visto y demostrado que la suplica, el por favor, y el no me deje con los muebles en la calle, no sirve de nada. Las ejecuciones hipotecarias no se van a detener, como mucho se van a poder ralentizar, pero esto no es solución. Creo, que adicionalmente a todo lo que se hace para frenar el ímpetu de los bancos y las cajas de ahorro hay algo más. No va a ser fácil pero el movimiento se demuestra andando.
Vuelvo a lo mismo, ¿Eres tú, el que puede organizar de que las cajas de ahorros, convertidas en bancos, saboreen su misma medicina del peso de la Ley? Pues se necesita alguien que vele por los intereses de los hipotecados con un garrote en la mano en lugar de un lirio. Tendría de su parte la fuerza de la razón y podría, entonces, ser capaz de pactar, negociar, o forzar a cambio de transigir en la denuncia de falta de legitimidad en la conversión en bancos de las cajas de ahorro. “Yo cedo y tu también” siempre y cuando se modifiquen posturas como puede ser: una moratoria para los casos más quebradizos, que la entrega del bien que garantiza el préstamo hipotecario cancele la deuda, y además, que se eliminen las cláusulas suelo como premisas de obligado cumplimiento por estas entidades.
Voy a aclarar este asunto. De facto, los impositores de las cajas de ahorros, según sus estatutos, son los titulares de una parte muy importante de los fondos propios de la entidad. Parece lógico pensar que como titular de una parte alícuota de una caja de ahorros, si esta se reconvierte, aunque sea parcialmente, el capital en acciones tiene derecho a una suscripción preferente. Dicho de otra manera, creo que hay alguna razón, jurídica, en reivindicar que el cambio de estatus de una caja de ahorros por vía de la ampliación de capital en la creación de un banco, y más teniendo en cuenta que los activos y pasivos provienen de la caja que es titular, tiene derecho, quien figura como impositor, a que se le hubieran ofrecido las nuevas acciones con carácter preferente. El impositor que no hubiera querido concurrir a la ampliación de capital, se le tendría que reconocer la venta de su derecho de suscripción como se hace comúnmente en las sociedades mercantiles cuando son necesarias acciones viejas para concurrir a las nuevas.
Como la situación era, y es, desesperada ya que los mercados internacionales de capital se han percatado que las cajas españolas están atrapadas, han cerrado el grifo de la financiación y han interrumpido la rueda que les daba oxigeno. Por lo que el Gobierno ha tirado, en mi opinión, por un atajo. Veamos cual. Ningún texto legal en vigor define con precisión qué es una caja de ahorros. De esta indefinición se cuidaron, muy mucho, la clase política que las ha controlado: querían parecerse a un banco pero no querían a nadie extraño en el consejo de administración. Por una cosa o por otra, esta es una de las innumerables lagunas que presenta la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro –la LORCA, Ley 31/85 de 31 de agosto-, y para encontrar una definición más depurada debemos de acudir a la sentencia del Tribunal Constitucional 49/88 que las tacha de “fundaciones de carácter muy peculiar, en las que domina su condición de entidades financieras”.
Una de las características que indican más claramente este “carácter muy peculiar” es la titularidad. Lo que, con las leyes en la mano, resulta obvio, es que este tipo de entidades, a diferencia de los bancos o cualquier sociedad anónima al uso, no son propiedad de sus accionistas, porque no existen como tales. A partir de aquí, nos adentramos en un enmarañado mapa de titularidad compartida en el que intervienen diversos sectores, públicos y privados. Según la LORCA, la administración, gestión y representación y control de las cajas se ejecutará en tres organismos: la Asamblea General, el Consejo de Administración, y la Comisión de Control. De los tres, la Asamblea General es el que aúna la representación de todos los sectores que intervienen en la titularidad de la caja y desde donde se ejerce su gobierno efectivo.
Ahora llegamos al punto donde quería llegar. La Asamblea General deberá estar integrada por entre 60 y 160 componentes, aunque lo más importante es el porcentaje de representación que ostentan en la Asamblea los distintos grupos que detentan la titularidad de la caja: un 36,25% (antes un 44 %) corresponde a los impositores; un 21,25% (antes un 40 %) para las corporaciones municipales de cada ámbito; un 30% (antes un 11 %) para la entidad o entidades fundadoras; y un 12,50 (antes un 5 %) para los empleados. Cabe añadir que, además de la Ley estatal sobre cajas de ahorro, la mayoría de Comunidades Autónomas tienen legislación propia al respecto.
Y si la representación institucional en las cajas se ha revelado un recurso fabuloso para llevar a cabo más de una actuación corrupta, otro tanto puede afirmarse de la presencia, casi siempre anecdótica, de la representación de los impositores en los organismos gestores de las cajas de ahorro. Pues lo cierto es que, a pesar que la ley prevé la forma en que deben de llevarse a cabo las elecciones a representantes de los impositores en las asambleas generales, lo cierto es que en la gran mayoría éstos llegan marcados por la escasa transparencia y el anonimato de los candidatos, cuando no ya a la corrupción y al compadreo flagrante.
En realidad, los clientes de las cajas casi nunca conocen –con nombres y apellidos- quiénes son sus representantes ante la asamblea de la entidad, dónde y a que hora encontrarles para formular sus quejas o indagar al respecto alguna información imparcial sobre los mecanismos de funcionamiento de la caja. Es más, la mayoría de clientes desconocen incluso cuando tienen lugar estos procesos de elección de representantes. Es así porque en la gran mayoría de casos esas personas son anónimas, manipuladas por los órganos directivos de la caja, con escaso conocimiento de la entidad y sus reglas de juego, y cuya presencia sólo responde al hecho de pagar oscuros favores, lo que hacen con su voto afirmativo, ciego y acrítico, a todo lo que designa la dirección de la cajas de ahorros.
Estos equipos directivos, con el apoyo de los grupos políticos y con el amparo de la ley, han hecho siempre todo lo posible para evitar la concurrencia en la elección de representantes de asociaciones de consumidores u otros grupos de clientes organizados, o que cuenten con personas suficientemente preparadas para ejercer la defensa real de los intereses de los clientes. Para conseguir colocar en las asambleas solamente a aquellos representantes que les resulten cómodos, las direcciones de las cajas se valen de un sinfín de mecanismos que se traducen en la manipulación efectiva de todo el proceso electoral: empezando por la ocultación de las listas de compromisarios (elegidos teóricamente por sorteo) por parte de la comisión electoral y la dirección de la caja, que dispone así de una información privilegiada; la orquestación de falsas elecciones primarias en las sucursales claramente manipuladas por los respectivos directores; o el aislamiento, durante el día de las elecciones y los días precedentes, de los comisarios con derecho a voto, a los cuales se les entregan las papeletas y se les traslada al lugar consignado para el acto sólo momentos antes de hacer efectiva la votación.
Se trata, en suma, de una conjunción de pequeñas artimañas que acaban por conseguir su finalidad: colocar en los puestos de decisión a personas afines a los intereses de la dirección y eliminar todo atisbo de democracia en la forma en la que se rigen. Sin duda alguna, la elección y voto de los compromisarios en representación de los impositores es el Talón de Aquiles de las cajas de ahorros. Es ahí, donde las asociaciones de consumidores, las asociaciones de vecinos, los chafados y vilipendiados por las instituciones financieras, los deudores perpetuos, los atrapados por las cláusulas de suelo, la gente con inquietud de una justicia equitativa, y las buenas gentes tienen su bomba atómica particular: Exigir a las cajas de ahorro un proceso de selección de compromisarios, en representación de los impositores, conforme a la legislación vigente. Esta sola exigencia, en estos momentos, les tiene que poner de los nervios de cómo han realizado el proceso de transformación en bancos. Aquí un punto y aparte que pone de manifiesto las martingalas que se utilizan en la santa casa y orgullo de la nación catalana como es la Caixa. El consejo de administración está compuesto por 21 miembros: 8 representan a los impositores, 4 en representación de las corporaciones municipales, 6 por las entidades fundadoras y de interés social y 3 por los empleados. Pues resulta, que el presidente de la entidad, Isidre Fainé Casas, y el vicepresidente 1º Salvador Gabarró Serra, figuran en representación de los impositores. Seguro que tienen una cuenta pero cabe preguntarse: ¿Qué razón puede haber para que tan significados señores se alineen con los impositores? Pues una simple cuestión aritmética: 8 impositores + 3 empleados = 11, uno más de la mayoría. Queda claro por donde van los tiros.
Rematemos el asunto para seguir la pauta marcada por el Gobierno y el Banco de España y reconvertirse en banco, con accionistas y acciones, deben de supeditarse a la legalidad de sus propios estatutos y de la ley. El Consejo de Administración de una caja puede hacer una propuesta, siguiendo las directrices del Banco de España, de desglosar sus activos y pasivos y constituir una sociedad mercantil a imagen y semejanza de cualquier institución bancaria al uso. Pero tendrá que ser la Asamblea General que lo apruebe. Una decisión tan radical y trascendente no se podrá, en esta ocasión, aplicar las artimañas que hasta ahora se han practicado en la selección de compromisarios que nadie conoce quienes son, ni tan siquiera si realmente existen o son una invención que asegura el 36,25% (antes el 44 %) de los votos.
Conocido el procedimiento y las martingalas al uso veamos que dio de sí la Asamblea General Ordinaria de la Caixa convocada el pasado 28 de abril. Aprobó el traspaso de su negocio bancario a Criteria CaixaCorp, que pasará a ser un grupo bancario y se denominará CaixaBank, y Criteria trasladará parte de sus participaciones industriales a una nueva entidad que dependerá de la Caixa. El presidente de la entidad, Isidro Fainé, señaló durante su intervención: “hoy es una fecha especialmente significativa. Creo sinceramente que no exagero si les digo que esta Asamblea General, que tengo el honor de presidir, marca un hito trascendental en la historia de la Caixa. Un hito comparable, subrayó Fainé, “con la asamblea fundacional, de hace más de 100 años, o con la que aprobó la fusión con Caixa de Barcelona, hace más de 20 años, y que supuso nuestro salto definitivo para convertirnos de forma indiscutible como la primera entidad de ahorros de toda España”. Se supone que el acto es trascendental, un hito en palabras de la entidad.
¿Dónde está el acta de tan trascendental acto societario? ¿Quiénes asistieron en representación del 36,25% de la “propiedad”? ¿Las 58 personas en representación de los impositores se opusieron a que les arrebataran sus derechos? En la web del Grupo la Caixa hay información por un tubo, pero singularmente nada dice de los asistentes a esta asamblea calificada de histórica. Aquí es donde está el dichoso talón de Aquiles de la Caixa. Existe una ley que regula las Asambleas Generales. ¿La ley les vincula a ustedes señores administradores o es solamente un instrumento para cabalgar por los juzgados sin tregua y sin piedad?
El paso de la ley por la entrepierna no es patrimonio exclusivo de la Caixa, son todas las cajas de ahorros las que aplican la ley del embudo: la injusticia de “lo ancho para otros y lo estrecho para uno”. ¿Habrá alguien, entre todos estos reclamantes, que le sepa sacar partido en un foro internacional –en la justicia española ya se sabe como va acabar- para disponer de una fuerza negociadora?
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